Los partidos políticos de México, líderes de los sindicatos y de la Iniciativa Privada coinciden en que se debe reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT), luego de 40 años que no ha sufrido modificación alguna; sin embargo, la forma en la que se pretende llevar acabo los cambios aún no logra los acuerdos.
Al presentarse la propuesta de reforma laboral del Partido Revolucionario Institucional (PRI), existen posibilidades para que se discutan y aprueben aspectos referentes a cómo aplicar los cambios en las contrataciones laborales para hacerlas flexibles, en la regulación del outsourcing, en los juicios laborales y las multas para quienes vulneren los derechos laborales, declaró el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Tereso Medina.
Arturo Alcalde, abogado laboral, expuso que el primer acuerdo establecido entre los sindicalistas de la Confederación de Trabajadores de México y el Consejo Coordinador Empresarial, para dar un paso adelante, fue no tocar, en esta primera etapa de la reforma, la reglamentación hacia a los sindicatos y la jornada laboral, refirió.
Asimismo, el sector empresarial y la Asociación Mexicana de Capital Humano (Amech) han enviado información a los legisladores de lo que debe incorporarse en los 1,010 artículos de la LFT que ayuden a elevar la competitividad, expresaron Virgilio Mena, vicepresidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y Mónica Flores, presidenta de Amech, respectivamente.
Piden flexibilidad laboral
Alfredo Kupfer, presidente del Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales de AmCham México, declaró que el mercado laboral requiere de adecuaciones; punto en el que han coincidido también organismos internacionales, entre éstos el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han manifestado abiertamente la necesidad de romper con la rigidez del mercado de trabajo que existe en el país.
Sin embargo, entre los tres temas que causan descontento en la iniciativa de reforma se encuentran: las formas de contratación a prueba, capacitación y temporada; la limitante para el pago de salarios caídos a un año, lo que disminuye los costos de la indemnización, y la regulación del outsourcing.
En el caso de los empresarios hay preocupación porque lo relacionado con la productividad se pretende incorporar en todos los contratos colectivos de trabajo, “lo que puede propiciar que se incrementen los emplazos a huelga con mayor facilidad”, dijo Virgilio Mena, representante del sector empresarial.
La fracción parlamentaria del PT en la Cámara de Diputados promueve reformas fundamentalmente en outsourcing. La iniciativa presentada por Jaime Cárdenas precisa que cualquier contrato de intermediación laboral debe someterse al registro ante las autoridades laborales
FUENTE: EL ECONOMISTA
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